No existe (o al menos no he localizado), hasta donde alcanza la jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo, una sentencia que resuelva de forma frontal un supuesto de acción individual promovida por fiadores en una situación exactamente idéntica. Pero esa ausencia de precedente directo no impide construir una tesis sólida. Si el ordenamiento reconoce acción al tercero directamente lesionado por actos de la administración concursal, y si el incremento de la deuda afianzada deriva inmediatamente de decisiones adoptadas por dicha administración en el ejercicio de sus funciones, la legitimación activa del fiador puede defenderse con fundamento suficiente.

La clave estará en la prueba. El fiador deberá acreditar:

1. que las nuevas disposiciones fueron decididas o consentidas por la administración concursal; 
2. que al tiempo de adoptarlas era cognoscible la imposibilidad de restitución por la masa o, al menos, la alta probabilidad de impago;
3. que la operación carecía de beneficio concursal proporcionado; y
4. que el daño sufrido por el fiador guarda relación inmediata con esa conducta.

Si el fiador paga lo que la masa no podía pagar y ese resultado era previsible para la administración concursal, la lesión deja de ser una simple eventualidad contractual y pasa a presentarse como consecuencia imputable de una gestión negligente.

Surge, también una nueva cuestión en cuanto a esta exigencia de cumplimiento de la obligación asumida por el administrador de la sociedad y fiador solidario de la concursada: su contraposición con la pieza de calificación y con la cobertura del déficit.

La pieza de calificación no tiene por función redistribuir cualquier pérdida económica producida en el concurso, sino depurar responsabilidades por la generación o agravación culpable de la insolvencia. El artículo 455 TRLC circunscribe la condición de persona afectada, en caso de persona jurídica, a administradores o liquidadores de derecho o de hecho, directores generales y quienes hubieran ostentado esas condiciones dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso. El artículo 445 añade la categoría de cómplices para quienes, con dolo o culpa grave, cooperen a la realización de actos que fundamenten la calificación culpable.

La primera consecuencia es elemental, pero conviene subrayarla: la mera condición de fiador no convierte a nadie en persona afectada por la calificación. Tampoco basta, por sí sola, la coincidencia entre fiador y antiguo administrador. Será necesario demostrar que ese administrador realizó, consintió o cooperó en los hechos típicos que fundan la calificación culpable. Si no hay ese enlace causal y subjetivo, la condena a cobertura del déficit no procede.

La segunda consecuencia es que la cobertura del déficit no opera como sanción automática anudada a la insolvencia final ni como traslación indiferenciada del pasivo insatisfecho. El actual artículo 456 TRLC permite la condena total o parcial del déficit solo respecto de quienes hayan sido declarados personas afectadas y solo en la medida en que su conducta determinante de la calificación culpable haya generado o agravado la insolvencia. Además, si hay pluralidad de responsables, la sentencia debe individualizar la cuantía conforme a la participación de cada uno.

La jurisprudencia más reciente insiste justamente en ese componente causal e individualizador. La STS 132/2026, de 3 de febrero [8], relativa a una condena parcial de cobertura del déficit en un supuesto de retraso en la solicitud de concurso, refuerza la idea de que no basta con la condición orgánica del administrador; es preciso conectar la condena con la específica conducta que generó o agravó la insolvencia y modular cuantitativamente la responsabilidad según la participación de cada afectado.

Desde esta perspectiva, permitir que la administración concursal siga utilizando una póliza afianzada cuando sabe que la concursada no podrá devolverla puede producir un efecto materialmente semejante al de una cobertura de déficit anticipada: el fiador acaba soportando una parte del agujero patrimonial. Pero solo materialmente semejante. Jurídicamente no es cobertura del déficit. Y precisamente porque no lo es, no puede admitirse sin control. Sería inadmisible que, por la sola vía de la gestión concursal de una línea de crédito, el fiador asumiera un coste que el sistema solo permite imponer por sentencia de calificación, con garantías de tipicidad, contradicción y causalidad. Esa es, a mi entender, la objeción sistemática más fuerte frente a una lectura extensiva y acrítica de la STS 1177/2025.

Además, en la práctica, el fiador suele ser el administrador social que gestionó la sociedad antes del concurso. Ello favorece un prejuicio argumental: como se trata del antiguo gestor, parecería natural que soporte personalmente las consecuencias del deterioro posterior. Pero el razonamiento es falaz si no se distinguen los tiempos de imputación.

Una vez declarada la suspensión de facultades, la administración y disposición sobre la masa activa corresponde a la administración concursal. Desde ese momento, el antiguo administrador deja de decidir sobre la utilización ordinaria de la financiación social. No puede atribuírsele, sin más, el incremento de la deuda derivado de decisiones que ya no le pertenecen. Otra cosa distinta es que él mismo haya cooperado activamente con la administración concursal, con dolo o culpa grave, en un uso desviado de la póliza; en ese caso podría plantearse un problema de complicidad concursal o de responsabilidad concurrente. Pero eso exige prueba específica, no presunción.

Por ello conviene formular una regla práctica: las disposiciones postconcursales sobre una póliza afianzada no pueden imputarse automáticamente al administrador cesado o suspendido por el solo hecho de que hubiera firmado la fianza o de que hubiese sido administrador antes del concurso. La imputación orgánica cambia con la declaración concursal y, en su caso, con la suspensión. Si el riesgo se incrementa después por decisión de la administración concursal, el primer sujeto a examinar es ella misma.

A efectos prácticos, propongo cinco criterios de enjuiciamiento para afirmar o negar la diligencia de la administración concursal en el uso de pólizas afianzadas:

1. Criterio de necesidad: debe preguntarse si la utilización de la póliza era necesaria para conservar valor o para evitar un daño mayor al concurso. Si existían alternativas razonables menos gravosas para terceros, la decisión se debilita.
2. Criterio de proporcionalidad: el sacrificio que se desplaza al fiador debe guardar una relación razonable con la utilidad esperada para la masa.
3. Criterio de previsibilidad: hay que examinar qué podía conocer la administración concursal al tiempo de disponer, no con la comodidad retrospectiva del resultado final, pero tampoco ignorando datos objetivos de inviabilidad.
4. Criterio de trazabilidad: una administración concursal diligente debe poder explicar, documento en mano, por qué mantuvo operativa la póliza, qué pagos atendió con ella, qué retorno esperaba y por qué consideró que la masa podría hacer frente a la restitución o, al menos, que el uso de la financiación era la opción menos perjudicial para el concurso.
5.  Criterio de reacción: si en un determinado momento la insuficiencia de masa ya era patente, la administración concursal debía dejar de alimentar el pasivo, comunicar la insuficiencia y ajustar su actuación a la disciplina legal propia de ese escenario.

A la inversa, serán fuertes indicios de negligencia:

1. la continuación meramente inercial de la póliza;
2. la utilización de fondos para gastos estructurales sin horizonte de retorno;
3. la ausencia de solicitud de autorización judicial cuando la operación, por su trascendencia, la hiciera aconsejable;
4. la falta de información al juzgado y a los interesados; y, sobre todo,
5. la persistencia en disponer una vez desaparecida cualquier expectativa seria de cumplimiento.

Por tanto, cuando se nos presente esta situación, a mi humilde juicio y como consejo de estrategia procesal, deberíamos tener en cuenta dos líneas argumentales:

La primera es la línea del fiador. Debe sostenerse que la STS 1177/2025 no convierte en irreprochable todo incremento postconcursal del saldo afianzado; únicamente resuelve que, frente al banco, la fianza cubre el saldo final si la póliza siguió viva. La responsabilidad del banco y la de la administración concursal pertenecen a planos distintos. El fiador podrá pagar al acreedor y, simultáneamente, ejercitar la acción que proceda frente a la administración concursal si el incremento de la deuda deriva de una actuación antijurídica o negligente de esta.

La segunda es la línea de contención sistemática. Debe insistirse en que el concurso culpable y la cobertura del déficit no pueden convertirse en categorías de hecho, aplicadas indirectamente por la vía del funcionamiento de las garantías personales. Si el fiador es también administrador, su eventual condena en la pieza de calificación exigirá la concurrencia de los presupuestos de los artículos 444 a 456 TRLC. Mientras eso no suceda, la administración concursal no puede tratar la existencia de la fianza como una suerte de seguro privado del fracaso del concurso.

Dicho de otro modo: la fianza no autoriza una relajación del estándar de diligencia de la administración concursal. Antes al contrario, la presencia de una garantía personal de tercero intensifica el deber de prudencia, porque toda disposición innecesaria no solo compromete a la masa, sino también el patrimonio de quien afianzó.